martes, 7 de noviembre de 2017

Hirschman: desarrollo, cooperativismo, participación social y diálogo


Hermosillo, Sonora a 7 de noviembre de 2017.

Proemio

El subdesarrollo y la pobreza son rasgos presentes en la vida cotidiana de los países de América Latina. Son fenómenos estructurales cuyas manifestaciones lacerantes se hacen presentes cotidianamente en los hogares y centros de trabajo de la población. 

La pobreza mata, a ella se asocian graves problemas de desnutrición, condiciones de vida insalubres, faltantes de servicios públicos, déficits en educación y salud, afectaciones al medio ambiente, que, en general, acusan la presencia de amplios sectores de la población que viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema.

El estudioso alemán Alberto Hirschman (1915-2012), reconocido analista del desarrollo latinoamericano, consideraba las condiciones de los países latinoamericanos como apremiantes; de igual manera, asumió que las respuestas a esta situación no se limitan sólo al ámbito de la economía; para Hirschman, el análisis de esta realidad implica trascender fronteras disciplinarias y buscar una perspectiva integral de estos fenómenos.

Hirschman sostenía que en la búsqueda de una mejor calidad de vida de la población no solo debe examinarse «…el crecimiento económico sobre el bienestar individual, sino también su contribución al mantenimiento y reforzamiento de una sociedad democrática libre» (Hirschman, 1996: 96-97), incluso, el crecimiento económico tendrá que vincularse a los avances sociales y en el ámbito ecológico.
 
Ignacio "Nacho" López. Campesino leyendo un periódico. 1949

Desencuentros con el Neoliberalismo

Desde la década de los setenta se introdujeron las políticas neoliberales en la estrategia de desarrollo de los países del continente. Impulsadas por los gobiernos de Margaret Thatcher en Reino Unido y de Ronald Reagan en Estados Unidos, se convirtieron en las recetas más recurrentes con las que se prometió dar una orientación “realista” al desarrollo de la región; las políticas macroeconómicas recomendadas se centraron en la preminencia del mercado sobre el papel del Estado como responsable de dar dirección al desarrollo nacional, a ello se sumó la eliminación restricciones y regulaciones al comercio internacional de manera que la globalización y regionalización de los mercados se convirtieran en el nuevo escenario del avance del capitalismo.

Sin embargo, estas medidas han tenido magros resultados. De acuerdo con Stiglitz (2003), el Consenso de Washington se centró en asuntos económicos y no puso atención a temas tan relevantes como la pobreza, la cual se vio agravada durante este periodo con las medidas impulsadas por dicho Consenso.

Hirschman reconocía que la interacción entre los procesos económicos y aquellos de orden social es la tarea principal que se tiene que atender, puesto que a medida que la sociedad «…crea nueva riqueza, genera también problemas de creciente desigualdad y declinación regional o sectorial que a menudo son injustos o se resienten como tales…» (Hirschman, 1996: 257), y más cuando la atención solo se presta a las políticas macroeconómicas, en detrimento de los demás aspectos de la vida social.

A ello se suma el “desencuentro”, como lo define Hirschman, entre quienes promovieron las prescripciones del Consenso de Washington y los países latinoamericanos, el cual se reflejó en prédicas impuestas cuya práctica tuvo resultados contraproducentes. En este sentido, apuntó Hirschman: «…todos los grandes deudores latinoamericanos han debido experimentar la dolorosa contracción del periodo reciente, esto se debió precisamente a la operación irrestricta del libre mercado internacional de fondos prestables en los años anteriores a la crisis de la deuda de 1982.» (Hirschman, 1996: 217)

Ignacio "Nacho" López. Sin título. 1950
 

Cooperación y diálogo

El diálogo como forma de solución de problemas y de búsqueda de mejores condiciones de vida está latente en el discurso de Albert O. Hirschman. Reconoce que el ser humano tiene como fin encontrar la felicidad y el bienestar y que para ello recurre a acciones que van desde las de naturaleza más privada a aquellas en donde el sentido de lo público dicta las pautas de comportamiento.

Por su experiencia en diversos países del continente, Hirschman colocó en un lugar especial a la cooperación para el desarrollo como un factor fundamental para resolver muchos de los problemas que cotidianamente aquejan a su población. Advierte que uno de las consecuencias positivas de esta dinámica social organizada se manifiesta en lo que llama las secuencias invertidas del desarrollo; éstas se refieren a «…ciertos pasos adelante, que en general se consideran tan indispensables como los primeros pasos de alguna secuencia de desarrollo pueden, en cambio, ser considerados como segundos o terceros pasos. De requisitos y claves para cualquier progreso, estos pasos quedan reducidos a efectos, provocados por otros pasos que, según resulta, pueden poner las cosas en marcha.» (Hirschman, 1986: 13)

A manera de ejemplo, reconoce que, de manera palpable se puede tomar a la educación como un elemento de secuencia de desarrollo invertido (Hirschman, 1986: 20-23), ya que de manera incuestionable se concibe que la educación opera como propulsor del desarrollo, es una causa que produce muy variadas consecuencias positivas, como la generación de capacidades para el trabajo colaborativo; pero, también, en otro momento, cuando el trabajo colaborativo entra en acción, se puede advertir que la educación podría ser la consecuencia del desarrollo, precisamente del trabajo colectivo como el que se fomenta en las cooperativas estudiadas por Hirschman, donde se propicia la solidaridad, el espíritu de cuerpo y el sentido del bienestar colectivo.

De las experiencias del cooperativismo latinoamericano Hirschman reconoce diversas secuencias notables a favor de la participación y la colaboración para el desarrollo. Entre ellas se pueden apreciar la transferencia de habilidades, conocimientos y valores; el fomento del espíritu de empresa que ocurre entre los cooperativistas; diversas formas de solidaridad, incluso la amistad; la vinculación con otros proyectos y organismos comprometidos con el interés público; servir como ejemplo para la multiplicación de otras experiencias; la suma de esfuerzos para la generación de bienes colectivos que tienen consecuencias privadas en cuanto al bienestar de las personas y familias involucradas y consecuencias públicas expresadas en el desarrollo de la comunidad; entre otros muchos beneficios. Los efectos más más allá de la dimensión económica del desarrollo, se verifican en la vida social, política, ética, religiosa y en la relación que los involucrados tienen con su entorno.

En el lenguaje de Hirschman, se puede afirmar que del trabajo colaborativo pueden resultar efectos directos e indirectos hacia atrás y hacia adelante en la relación insumo-producto, pero también se producen efectos laterales en las personas y familias participantes, en el contexto empresarial, en el ámbito de la economía de la región y, en general, en su autoestima y en el reconocimiento social que llega a darse. En este caso las “economías de escala” se multiplican y operan positivamente sobre el desarrollo social.
 
Tina Modotti. Hombres leyendo El Machete. 1929
 
Conclusión

Las experiencias latinoamericanas que vivió sirvieron a Hirschman como argumentos convincentes para refutar lo que denominó el complejo al fracaso o fracasomanía. Dicho fenómeno, consideraba, se debe a la tendencia de los latinoamericanos por considerar que muchos de los programas sociales, por naturaleza, están destinados al fracaso, actitud que en buena medida es origen de la reproducción de otros fracasos reales. Como resultado del análisis que Hirschman hizo de los éxitos del cooperativismo surgió la propuesta del Principio de conservación y transformación de la energía social, fundamental como argumento contra el complejo de fracaso. Al respecto, apuntó:

«Si no se perciben las manifestaciones del principio, parecería que un movimiento social que no logra su objetivo predeterminado —como el movimiento de reforma agraria en Colombia— constituye un fracaso absoluto. Pero hay que modificar este juicio, al menos parcialmente, después de comprender que las energías sociales generadas en el curso de dicho movimiento no desaparecieron, aunque el movimiento en sí se desvaneciera. Estas energías se mantuvieron, como si estuvieran almacenadas por un tiempo, y quedaron disponibles para servir de aliciente a otros movimientos, quizá muy diferentes. Por lo tanto, en términos reales debe considerarse que el movimiento original fue el causante de los progresos o éxitos obtenidos por los movimientos posteriores: no se puede seguir considerándolo un fracaso total.» (Hirschman, 2007: 20)

Estas reflexiones brindan la posibilidad de comprender caminos alternativos a los del modelo de desarrollo seguido en las últimas décadas. La participación y colaboración en colectivo rinden frutos considerables y edificantes. Sus efectos son tangibles e intangibles.

Como lo apunta Cipriano Sánchez García, «La grandeza del hombre se revela en su capacidad de transmitirle a las generaciones futuras los beneficios de su actuar conjuntamente. Cada generación se sostiene sobre los cimientos espirituales de la participación solidaria.» (Sánchez García, 2016: 85) De esta manera se fomentan estrategias que sirven a la sociedad para producir los bienes y servicios para su reproducción material, al tiempo que estas acciones generan confianza, responsabilidad y solidaridad.
 

Referencias 

Hirschman, Albert O. 1986. El avance en colectividad. Experimentos populares en la América Latina. Sección de Obras de Economía. Cd. de México: Fondo de Cultura Económica.
Hirschman, Albert O. 2007. “El principio de transformación y conservación de la energía social”. Economía y Desarrollo. Agosto 2007, vol. 6, n° 1. Bogotá: Universidad Autónoma de Colombia. Pp. 13-21.
Hirschman, Albert O. 1996. Tendencias autosubversivas. Ensayos. Sección de Obras de Economía contemporánea. Cd. de México: Fondo de Cultura Económica.
Sánchez García, Cipriano. 2016. Construcción de comunidad en tiempos posmodernos. Dos polacos en diálogo: Zigmunt Bauman y Karol Wojtyla. Cd. de México: Siglo veintiuno editores.
Stiglitz, Joseph E. 2003. “El rumbo de las reformas. Hacia una nueva agenda para América Latina”. Revista de la CEPAL, agosto, 2003. Santiago de Chile: Naciones Unidas. Pp. 7-40.
 

lunes, 6 de noviembre de 2017

Gobiernos e Instituciones: fortalezas y debilidades

 
Hermosillo, Sonora a 6 de noviembre de 2017. 
 

Presentación                                                                                                                                                                           

Durante las últimas tres décadas se intensificó un proceso globalizador en el que las políticas gubernamentales y empresariales coincidieron en el impulso de un proyecto neoliberal caracterizado por la liberalización comercial, la desregulación, la privatización, los ajustes institucionales para dar seguridad a los derechos de propiedad e impulsar la inversión privada nacional y extranjera, entre otras medidas. La globalización representa la característica más relevante del escenario mundial.

La globalización es un proceso generalizado cuya tendencia plantea la internacionalización de las relaciones humanas en diversos ámbitos. Se presenta como un proceso de desarrollo del sistema capitalista, que asegura su reproducción mediante la expansión geográfica de su orden, flexibiliza el intercambio comercial mediante la desregulación institucional en los Estados nación involucrados, y propicia la integración de regiones económicas que compiten entre sí y que, a la vez, constituyen puntos geográficos comunes en cuanto a sus intereses económicos, políticos, culturales y sociales.
 
De acuerdo con Orlando Caputo (1993: pp. 48-74), la globalización es expresión del proceso de reproducción y acumulación del capital a escala mundial, con implicaciones en el ciclo económico, el mercado mundial, el crédito internacional y los flujos de capitales, así como en los procesos de producción y los mecanismos en que se integran las empresas. Por su parte, Bernardo Kliksberg (1994: pp. 19-23) ve a la globalización como el proceso mediante el cual se ha venido a constituir una “aldea global” en la que las estructuras y sistemas de convivencia social se replantean bajo una nueva forma de comprender el interés público, la participación social y el papel de las instancias de gobierno. En tanto que Francisco de Paula León Olea (1995: pp. 165-178) concibe a la globalización como un proceso que tiene consecuencias para el hombre y la cultura social, pues los cambios aparejados a la globalización se manifiestan en la manera en que el hombre se concibe a sí mismo y la manera en que convive y se expresa en comunidad.

Resumiendo, se considera la globalización como un proceso multidimensional, y como tal se expresa en los diferentes ámbitos de la vida social. Como expresión del desarrollo mundial, este proceso permea los elementos y procesos de la vida política, económica, social y cultural. Este proceso ha condicionado el desarrollo nacional, regional y local a los esquemas pautados por la dinámica global de los grandes capitales. Debido a su influjo, los gobiernos nacionales replantean sus estrategias en función de los fundamentos dictados por el mercado.

Considerando este escenario, se establece que el propósito de este trabajo es reflexionar acerca de posibles instrumentos que pueden asumir los gobiernos en contextos de vida democrática, con el fin de encauzar una gobernanza caracterizada por la racionalidad y la publicidad, haciendo frente a las asimetrías de un federalismo subordinado, y en el que se pueda privilegiar el sentido ético de la política, fortaleciendo los sectores del desarrollo nacional, regional y local, y dando a éste un rostro humano, es decir, poner en el centro de toda política y acción de gobierno el bienestar de la gente.
 
 

El Estado posmoderno bajo las pautas del capital globalizado

La integración regional como expresión de la globalización trajo consigo una contradictoria política de cooperación internacional, en algunos casos promotora de la apertura económica, mientras que el proteccionismo es característico de otros. La internacionalización de la producción ocurrió preferentemente en aquellos procesos que privilegian la transformación manufacturera y la aplicación de los avances científicos. La política natural resultó la apertura necesaria para ubicar plantas productivas en distintos países socios, requiriéndose la estandarización de procesos y la homogeneización de la producción. El grado de internacionalización aumentó con el trabajo directo productivo y el trabajo indirecto comercial, aunque es en el sector financiero en el que se ha manifestado en mayor grado que en cualquier otro sector.

Entre los argumentos sustentados para dar pie a las transformaciones mundiales en pos de un sistema económico globalizado se pronunciaron dos paradigmas: el de la comunicación y el del mercado. Por un lado, la culminación del conflicto oeste-este, se dice, propició la “victoria” del capitalismo sobre el socialismo, afianzó la idea de que la vida económica debería regirse por los dictados del mercado, marginando la intervención activa del Estado en el destino de los mercados. Por otra parte, el progreso de la sociedad mundial ha sido soportado por el avance tecnológico y científico, particularmente mediante el desarrollo de las comunicaciones; ya sea en la realización de las transacciones comerciales y por su participación en el flujo de las inversiones financieras, así como en la manera en que se transmite la cultura; las comunicaciones han hecho posible la inmediatez de tales procesos, reduciendo trámites y tiempos de transacción, y haciéndolas más abiertas y globales, sin que las fronteras nacionales sean motivo para que se atenúen o inhiban.

Como fenómeno paralelo a la globalización, la posmodernidad ha venido a dar cuenta de esta nueva realidad en términos del imperio de “…lo fragmentario, lo efímero, lo discontinuo, el cambio caótico, el pluralismo, la coexistencia de un gran número de mundos posibles o más simplemente, espacios inconmensurables que se yuxtaponen o superponen entre sí.” (Barone, 2001: 8) El rasgo distintivo de este mundo posmoderno es su estado de “liquidez” como contraposición a la “solidez” (Bauman, 2013: 17) propia del mundo moderno, aquel que surgió de la Ilustración y en el que sentó sus bases el sistema capitalista, es decir, el mundo del Estado Nación, del Estado liberal y la sociedad civil.

El capitalismo globalizado planteó la definición y consolidación de organismos supranacionales en detrimento de la fortaleza del Estado nacional. Estos organismos asumieron como propósito ordenar la economía mundial y garantizar el libre intercambio de capitales de todo tipo, así como los derechos de propiedad de los diversos actores participantes en el escenario global. Por su parte, el Estado nacional se vio forzado a redefinir su tamaño y replantear su papel en el mercado y frente a la sociedad civil. 

La acción del Estado moderno, delimitado por el territorio nacional, tenía claramente definido su papel como generador de los bienes y servicios públicos requeridos por la población. El cambio suscitado con la posmodernidad debilitó las fronteras nacionales en aras de crear condiciones para la expansión y concreción del capital internacional. Desde la década de los setenta del siglo XX se difundieron profusamente y, luego, se pusieron en práctica los preceptos del neoliberalismo; con este modelo económico se retrajo el Estado interventor y dirigista, se asumió la reducción drástica del gasto público, y se institucionalizaron nuevas formas de conducción económica, privilegiándose los equilibrios del mercado, la liberalización económica y la integración de los capitales nacionales a la dinámica de la economía internacional.

 

Reformas institucionales y organizacionales: repliegue estatal y el ascenso del mercado

Con el surgimiento del denominado Consenso de Washington en 1989, el programa neoliberal se consolidó al formalizarse el paquete de reformas que se introdujeron a los países latinoamericanos desde las oficinas del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. El propósito, según Casilda (2005: 3), se definió en una estrategia que buscaba “…orientar a los gobiernos de países en desarrollo y a los organismos internacionales a la hora de valorar los avances en materia económica de los primeros al pedir ayuda a los segundos.” Así, se establecieron 10 instrumentos de política económica que permitirían realizar cambios estructurales en los países de América Latina, pensando que a la larga redituarían para un mejor comportamiento de las economías nacionales y abrir la posibilidad de un pago seguro de los compromisos de la deuda.

Las medidas propuestas fueron la disciplina fiscal de los gobiernos, el incremento de la inversión gubernamental por parte del gobierno en educación salud e infraestructura social y económica, la ampliación de la base tributaria para propiciar mayores flujos al erario, el sometimiento de las tasas de interés a la dinámica del mercado, fomentar la competitividad del tipo de cambio, abrirse al mercado internacional mediante la liberalización comercial, la apertura a la inversión extranjera directa, el redimensionamiento estatal mediante la desaparición, fusión y privatización de las empresas gubernamentales, la desregulación con el fin de establecer condiciones institucionales a favor del intercambio comercial con otros países y la competitividad, y dar seguridad a los diferentes sectores de la sociedad en cuanto a sus derechos de propiedad.

Estas medidas se concretaron con la implementación del Plan Brady, mediante la reestructuración de la deuda contraía con bancos comerciales; la estrategia planteó la participación voluntaria de los gobiernos latinoamericanos en un proceso de reducción de la deuda y su servicio en un contexto pautado por las condiciones del mercado, con el compromiso de que los flujos generados pudiesen reinvertirse para activar las economías locales y aumentar con ello la capacidad de pago de la deuda.

Bajo las prescripciones del fundamentalismo de mercado, la estrategia reformista se condujo a la aplicación de diversas reformas asociadas con la privatización de empresas paraestatales, la desregulación, la descentralización y la simplificación de trámites para incentivar el sistema de mercado. Estas fueron las medidas convencionales de las décadas de los setenta y los ochenta. Posteriormente, los argumentos de estos cambios derivaron en la necesidad de hacer cambios en el mismo estilo de gestión gubernamental; entonces se planteó la necesidad de transformar la tradicional estructura jerarquizada y centralizada del gobierno por otra capaz de responder a las necesidades y demandas de una sociedad más participativa y diversa, dando paso a las propuestas de una nueva gestión pública. 

De esta manera, en México, se ha apuntado en otro trabajo (Ordaz Alvarez, 2010: 47-48),  los cambios institucionales y organizacionales orientados a configurar un nuevo perfil del aparato gubernamental y establecer las condiciones para un nuevo accionar frente a la sociedad y el mercado fueron dirigidos a resolver la crisis fiscal mediante una “realista” administración de la deuda y la aplicación de medidas de austeridad gubernamental; atender la crisis de legitimidad debido a la generalizada corrupción de funcionarios públicos, el desapego a la legalidad y la acentuada discrecionalidad en la toma de decisiones, mediante un marco institucional que fortaleciese la transparencia y rendición de cuentas y el aseguramiento de la calidad en la prestación de servicios públicos mediante sistemas de seguimiento y evaluación en los que la participación social es un componente principal y el manejo eficiente y cuidado de los programas y proyectos del gobierno (incluyendo en estos aquellos que derivan de las concesiones a particulares).

En el mismo sentido, como ya se señaló, la globalización económica vino a exigir una nueva institucionalidad gubernamental que ayudara a facilitar el intercambio comercial y la solución de controversias entre países, así como la estructuración de una serie de programas de gobierno tendientes a respaldar el desarrollo de ciertos sectores de la economía, la dotación de servicios públicos y la capacitación de servidores públicos en nuevas ramas de servicio, brindando atención a los vínculos derivados de la regionalización comercial.

De igual manera, un destacado papel en la nueva orientación del quehacer gubernamental lo ha tenido el avance científico y tecnológico, particularmente en los ámbitos de la comunicación y la información, con amplio impacto en la configuración de nuevos sistemas y procesos operativos y administrativos, en el  uso de tecnología para agilizar el servicio público digital y atender las demandas ciudadanas; ello, por supuesto, ha requerido el impulso de programas de capacitación y adiestramiento para los servidores públicos.

Simultáneamente, y en correspondencia con los esquemas propuestos por el modelo económico neoliberal, se insistió en introducir  un nuevo estilo gerencial para manejar los asuntos de gobierno de aquellos países comprometidos con la reforma estatal pautada por los organismos financieros internacionales.

 

Gobiernos ¿fuertes o débiles?

La transformación institucional del Estado mexicano ha sido una constante desde los años setenta del siglo XX.

Las acciones comprendidas en la reforma administrativa de los gobiernos de los presidentes Luis Echeverría y José López Portillo, fueron los indicios de una modernización estatal basada en el fortalecimiento de un Estado altamente interventor preocupado por organizar sus amplias estructuras y documentar la diversidad de procesos surgidos por las exigencias de un desarrollo compartido; es un periodo en que los esfuerzos se centran en el impulso de los procesos de sectorización y simplificación de trámites, la reforma electoral, el equilibrio entre los factores de la producción y el impulso de la reforma administrativa y la capacitación en el trabajo como componentes de una estrategia de cambio institucional. 

El relevo generacional impulsado por el gobierno del presidente Miguel de la Madrid, se vio limitado por los efectos de una fuerte crisis estructural caracterizada por una galopante inflación, el descontrol de los precios del petróleo (principal fuente de ingresos para impulsar el desarrollo del país) y la deuda más elevada que ha vivido el país en los últimos años. Sus programas de Renovación moral de la sociedad mexicana y de Reconversión industrial de la economía nacional, sirvieron de marco a las estrategias de transformación institucional en materia de planeación del desarrollo, de fortalecimiento del ámbito municipal, la descentralización de la vida nacional y el combate a la corrupción como principal flagelo del gobierno y la sociedad. 

El proyecto neoliberal emergió durante el gobierno del presidente Carlos Salinas y se ha desarrollado durante las siguientes administraciones. En un primer momento, con el liberalismo social se pretendió paliar los graves problemas sociales del país en materia de justicia social, sin embargo no fue suficiente, generando manifestaciones populares que incluso se expresaron mediante las armas, como fue el movimiento zapatista.

Los cambios institucionales se han propuesto, como se apunta líneas arriba, como una de las estrategias para la solución de los problemas económicos que han apremiado a los países de la región, a fin de crear condiciones para el desenvolvimiento de una economía global, brindando facilidades a los mercados de todo tipo para el libro flujo de los factores productivos, así también, esto ha llevado a la transformación del aparato gubernamental, retrayéndose de su papel activo en las tareas como agente económico y reduciendo su campo de acción como rector del desarrollo nacional.

Durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto se institucionalizaron 11 reformas estructurales, buscando incidir en diversos campos del desarrollo nacional: la reforma energética, la de telecomunicaciones y radiodifusión, la reforma en materia de competencia económica, la financiera la hacendaria y la laboral. También se introdujeron cambios institucionales en materia educativa, la reforma política-electoral, se estableció el código nacional de procedimientos penales, la nueva ley de amparo y la reforma en materia de transparencia y rendición de cuentas. 

Con el desarrollo y modernización de las reglas institucionalizadas y racionalizadas en el desempeño de las organizaciones públicas, se integran y amplían los mecanismos formales de actuación, incorporando estas reglas como elementos estructurales de las mismas organizaciones. Como lo proponen en su ya clásico trabajo Meyer y Rowan (1999: 82-103), a medida que las organizaciones introducen estos cambios organizacionales e institucionales se modernizan, extendiendo sus estructuras y procesos bajo esquemas racionales de actuación soportados por instituciones racionalizadas. Siendo estos elementos socialmente legitimados y racionalizados, las organizaciones y actores que la integran maximizarían, legitimarían y aumentarían sus recursos y capacidad de desarrollo y atención a los fines a los que sirven.

Ello supondría la presencia de instituciones y capacidades gubernamentales fuertes, suficientes para responder a las demandas y expectativas de bienestar y desarrollo de la población, privilegiar el interés público sobre el privado, y establecer condiciones para una presencia activa y competitiva en el contexto internacional.

Sin embargo, la realidad nos plantea otra lectura. Así, se ha planteado que “…las reformas emprendidas, el crecimiento económico alcanzado y el fortaleci­miento institucional son medios para un fin y no fines en sí mismos. El objetivo primordial es la ampliación de las opciones de vida de las personas.” (PNUD, 2016: 87) Si bien en los últimos años se observa una reducción de los índices de desigualdad social, aún persisten problemas entre los distintos ámbitos de gobierno, tanto de manera vertical como horizontal y en cuanto a la población que vive en ellos.  

Se vive un federalismo subordinado y asimétrico. Regionalmente, se observa que en 2012 las entidades federativas del sur-sureste del país se ubicaron en las de menor índice de desarrollo humano, por debajo de los estados del norte y del centro del país, estos últimos con el mayor índice de desarrollo; destaca el hecho que sólo el centro y norte del país se colocó por encima del promedio del resto de América Latina y el Caribe. (PNUD, 2016: 108-109). Persisten desigualdades y rezagos en materia de servicios básicos, en salud y educación, en el mercado laboral y en la capacidad adquisitiva de la población y en su nivel de ingreso.

La apuesta al sistema globalizante y al modelo neoliberal se ha venido deteriorando en tanto que los beneficios esperados de ambos no se han reflejado en el bienestar de la población. Recientemente se ha estimado la desaceleración tendencial de la economía mundial (Bárcena y Prado, 2016: 25-27), con efectos negativos en el crecimiento tanto de los países desarrollados como de los países en desarrollo, con excepción de ciertos países como China e India. Este escenario presenta reducciones en la tasa de crecimiento del producto interno bruto de los países, la disminución de la tasa de crecimiento de formación bruta de capital fijo y el estancamiento de la productividad.

En otro sentido, la desigualdad se ha elevado, tanto en países desarrollados como en desarrollo, incrementándose la concentración del ingreso en la población más rica, en detrimento de las clases populares; Bárcena y Prado (2016: 27), por ejemplo, refieren que “el 1% más rico de la población de Europa Occidental posee el 31% de la riqueza, mientras que el 40% más pobre posee solo el 1%” y agregan que el “mayor aumento de la desigualdad se produjo en las década de 1980 y 1990, un período caracterizado, en el mundo desarrollado, por la simultánea reducción de la volatilidad de la inflación y de la tasa de crecimiento del PIB:”

En los últimos 25 años La tasa de crecimiento de América Latina ha sido menor que el de las otras regiones del mundo. Sólo  la región de África Subsahariana, Asia Central y los países en desarrollo de Europa se encuentran por debajo. Esto tiende a agravarse por la actitud proteccionista que ha asumido el gobierno norteamericano en los últimos meses y la vulnerabilidad de las economías de la región ante la economía global.



A manera de conclusión

Este tiempo ha sido marcado por la pugna de los capitales internacionales en un contexto de economía globalizada. Las naciones y sus gobiernos en la región han sido avasallados por las políticas reformistas de corte neoliberal. Como parte de este contexto, estos gobiernos han transformado su perfil y papel en los diferentes ámbitos, tanto en lo político, como en lo económico y particularmente en su relación con la sociedad. Por ello, han vitalizado y diversificado sus instituciones con el fin de responder a las nuevas condiciones. 

En este periodo, hemos presenciado  diferentes enfrentamientos, como el del Estado vs el Mercado; la disputa del Interés público vs Interés privado; el del desarrollo global de los grandes capitales vs el desarrollo nacional, regional y local. Consideramos que seguirán replicándose en tanto que el mismo sistema capitalista continúe con los mecanismos que permiten su reproducción y acumulación.

Subsiste la fuerte presencia de un sistema federal subordinado y asimétrico; el cual, entre sus expresiones deja ver la construcción del andamiaje institucional mediante reiteradas prácticas de un isomorfismo subordinado. El perfeccionamiento de este marco institucional ha ocurrido en los diferentes espacios de la vida estatal, social y pública. Sin embargo, el cuestionamiento acerca de su operatividad y correcta aplicación nos alertan de la necesidad de continuar el perfeccionamiento de su implementación.

Los reclamos de transparencia, rendición de cuentas y, en general, de apego a la legalidad denuncian que la debilidad y riesgo de la vida democrática del país reside en la configuración de un estamento sociopolítico que se ha colocado por encima de la sociedad y se ha apropiado de los espacios de deliberación y decisión de los grandes proyectos de la nación.

Los retos presentes se asumen en relación con la pugna de las prácticas de la “politiquería” frente a los propósitos de interés público y social de la política. Estos retos se develan en la promoción de un desarrollo global al servicio de los grandes capitales frente al desarrollo que privilegia el ámbito local, regional y nacional, a aquel que pone su atención en los graves problemas que viven la población, sean estos de orden económico, político, social, cultural y ambiental. También se observa en el sentido con el que se ha definido el actual perfil y programa de acción del Estado, retraído y sometido a las prescripciones del mercado, en tanto que, con el fracaso de esta perspectiva, emerge la idea y exigencia de un Estado socialmente necesario, comprometido con el interés público y con el bienestar de la población.

Si consideramos que el cambio social requiere la concurrencia de varios factores para su habilitación, tendríamos que propiciar que estos factores participen de manera decisiva en la consecución de los objetivos sociales, en la solución de los asuntos y problemas públicos, con conciencia ética y compromiso social. Se cuenta con la infraestructura organizacional y el andamiaje institucional, se realizan esfuerzos para profesionalizar y sensibilizar a los diversos actores del gobierno y la sociedad, pero existe el dique que representa la insensibilidad y falta de voluntad para la acción de buena parte de la élite política, en los tres órdenes de gobierno y en los tres poderes del poder estatal.

Esto ha derivado en la desvirtuación de la política, en la procrastinación, en la sine cura, en la improvisación, en la difusión del cinismo, en la deshonestidad, en la corrupción y en la impunidad.

El reto es consolidar una gobernabilidad sustentada en una gobernanza democrática; en el fortalecimiento de un nuevo estilo de gobierno sustentado en políticas públicas dotadas de sus dos componentes básicos: la racionalidad y la publicidad; la gestión gubernamental de proyectos y programas orientados al bienestar de la gente, cuya operación esté marcada por su eficiencia, eficacia, efectividad, transparencia, manejo respetuoso de los recursos involucrados y principalmente la honestidad; el compromiso con las clases populares, mediante programas dirigidos a la generación de empleo, aseguramiento de las condiciones básicas de vida y el combate a la pobreza; el empoderamiento ciudadano y social, de manera que estos estén presentes y cuidadosos de todo acto de gobierno; la definición de una estrategia nacional que permita el equilibrio de las regiones y ciudades en cuanto a posibilidad de progreso, una estrategia fincada en una visión de largo alcance y no en la inmediatez del beneficio fácil y sin cimientos. En resumen, un gobierno comprometido con un desarrollo con rostro humano, con el rostro de todos y cada uno de los integrantes de la población y no el de unos pocos.

 

Referencias bibliográficas:
 
Bárcena, Alicia y Antonio Prado (Coord.). 2016. Horizontes 2030: la igualdad en el centro del desarrollo sostenible. Síntesis. Santiago de Chile: Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL.
Barone, Myriam. 2001. Globalización y Posmodernidad: Encrucijada para las políticas sociales del nuevo milenio. Reunión de Expertos sobre Globalización, Cambio Tecnológico y Equidad de Género. Universidad de Sao Paulo - Núcleo de Estudios de Mulher e Relaçoes Sociais de Género Conselho Nacional dos Direitos de la Mulher. Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer – UNIFEM. Agencia de Cooperación Técnica Alemana – GTZ. Sao Paulo, Brasil, 5 y 6 de noviembre de 2001. Sao Paulo: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Bauman, Zygmunt. 2013. La cultura en el mundo de la modernidad líquida. Madrid: Fondo de Cultura Económica.
Caputo, Orlando. 1993. “Economía Mundial, crisis, contradicciones y límites del proceso de globalización”. En Fernando Carmona (compilador), América Latina: Crisis y Globalización, Tomo I. México: Universidad Nacional Autónoma de México.
Casilda, Ramón. 2005. América Latina: Del Consenso de Washington a la Agenda del Desarrollo de Barcelona. Documento de Trabajo (DT) 10/2005. Madrid: Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos.
De Paula León Olea, Francisco. 1995. El despertar Humano. Hacia una teoría unificada del hombre del siglo XXI. México: Miguel Ángel Porrúa Grupo Editorial.
Kliksberg, Bernardo. 1994. El rediseño del Estado para el desarrollo socioeconómico y el cambio. Una Agenda estratégica para la discusión. En Bernardo Kliksberg (compilador), El rediseño del Estado. Una perspectiva internacional. México: Instituto Nacional de Administración Pública, A. C. y Fondo de Cultura Económica.
Meyer J. W. y Brian Rowan. 1999. “Organizaciones institucionalizadas: la estructura formal como mito y ceremonia”. En W. W. Powell y P. J. DiMaggio, El nuevo institucionalismo en el análisis organizacional. Colección Nuevas lecturas de Política y Gobierno. Pp. 79-103. México: Fondo de Cultura Económica.
Ordaz Alvarez, Arturo. 2010. La Gestión Pública Municipal. Estudio sobre las Capacidades Institucionales y Administrativas en el Ayuntamiento de Hermosillo Sonora. 2006-2009. Hermosillo: Universidad de Sonora.
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 2016. Informe sobre Desarrollo Humano México 2016. Desigualdad y movilidad. Cd. de México: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

 

viernes, 3 de noviembre de 2017

Foro Perspectiva y Cambios de la Ley de Planeación del Estado de Sonora



Hermosillo, Sonora a 3 de noviembre de 2017.

Con la convocatoria del Lic. Leopoldo González Allard, Director General del Centro de Investigaciones Parlamentarias del Estado de Sonora, instancia del Congreso del Estado de Sonora, se celebró el 30 de octubre de 2017, en el Auditorio Gilberto Gutiérrez Quiroz del Departamento de Sociología y Administración Pública de la Universidad de Sonora, el Foro Perspectiva y Cambios de la Ley de Planeación del Estado de Sonora. El evento fue presidido por la diputada Lisette López Godínez, Presidenta del Congreso del Estado de Sonora. 

Se trata del primero de una serie de encuentros con especialistas, miembros de la sociedad civil y representantes de los diversos sectores productivos de la entidad, con los que se persigue recoger la opinión sobre la Ley estatal de Planeación vigente, con el propósito de que se reflexione acerca de su pertinencia y proponer las reformas necesarias para su actualización. 

Participaron como ponentes los académicos de la Universidad de Sonora Dr. Miguel Ángel Vázquez Ruiz y Dr. Joel Espejel Blanco del Departamento de Economía, así como el Dr. Arturo Ordaz Alvarez, Dr. Gustavo de Jesús Bravo Castillo y Maestro Lauro Parada Ruiz del Departamento de Sociología y Administración Pública.

El Dr. Vázquez Ruiz reflexionó acerca de la importancia de este instrumento para el desarrollo de un estado que forma parte de la región fronteriza con el país más importante del mundo. Señaló que se trata de un esfuerzo necesario, toda vez que la fuerte presencia del mercado, desde la década de los noventa, como actor principal del desarrollo económico no ha sido la mejor opción como promotor del bienestar social. También, planteó que la reforma de la ley debe cuidarse de tal manera que el Estado recupere su papel como coordinador de los esfuerzos de toda la sociedad, particularmente en áreas que se han desatendido, como el agua y el aprovechamiento de los recursos naturales. 

Agregó que con la planeación es necesario fomentar el proceso de evaluación con indicadores intermedios y no en base a resultados finales; ello permitirá integrar las energías de los sectores productivos, universidades y gobierno para alcanzar los propósitos del desarrollo, teniendo la oportunidad de realizar valoraciones intermedias y continuas para perfeccionar tales esfuerzos, más allá de que concluyan los periodos gubernamentales.



Por su parte, el Dr. Ordaz Alvarez apuntó que es una obligación constitucional implementar el Sistema de Planeación Democrática, el cual no se formalizó en Sonora. Además, advierte que en los últimos sexenios esta tarea gubernamental se ha deteriorado, enfrentando distintos problemas en su concepción, implementación y evaluación. Argumentó que el Plan de gobierno, el Plan de Desarrollo, por lo general se le ha visto como un requisito formal, y en la práctica poco ha tenido que ver con dar una orientación racional y previsora a la acción de gobierno.

Propuso un cambio de visión acerca de cómo gobernar de manera democrática, honesta y comprometida con resultados de calidad que impacten el desarrollo y bienestar de los sonorenses. Fomentando el crecimiento económico y el empleo, respetando las libertades personales y sociales y favoreciendo el bienestar de toda la población del estado. El gobierno debe servir a los sonorenses y no servirse de la buena voluntad y confianza de la sociedad. Agregó que desde el diseño del Plan se debe responsabilizar al gobernante y no permitir que el plan se confeccione por una casa consultora sino en base a las necesidades y demandas sociales; además, propuso reglamentar la Ley a fin de definir facultades y responsabilidades de los gobernantes; concluyó con la importancia de dar vida al Sistema Estatal de Planeación Democrática.

En su ponencia, el Dr. Espejel Blanco planteó que por diversos motivos es un imperativo la reforma a la Ley de Planeación estatal. Primero, señaló, se ha decretado la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios con el fin de definir criterios rigurosos de responsabilidad hacendaria y financiera de los gobiernos estatales y municipales, lo cual se convierte en un referente para plantear los cambios a la Ley. Comentó la necesidad de alinear esta Ley estatal con las disposiciones de la Ley federal de Planeación, al igual que se tendrán que considerar instancias que actualmente no comprende, como el Instituto Municipal de Planeación y el Comité de Productividad y Competitividad. 

También, propuso estudiar las condiciones económicas del estado y la región, y trazar estrategias para atender el tema de la deuda de estados y municipios, aprovechado la posición estratégica de la entidad como parte de la faja fronteriza con Estados Unidos. Agregó que coincide con los ponentes que le antecedieron en la necesidad de que con la reforma a la Ley se trabaje también su Reglamento, de manera que sirva para que, además de darle operatividad, se establezcan responsabilidades a los funcionarios estatales y municipales.

El Dr. Bravo Castillo reflexionó sobre la extraterritorialidad del Plan, toda vez que éste va más allá de las fronteras de la entidad federativa. Destacó que otro punto al que se debe poner atención es la verticalidad con la que funciona nuestro federalismo; al respecto, señaló, se tiene que considerar, además de los tres ámbitos que lo componen, la configuración y participación en diferentes regiones, como la Noroeste o la región Sonora-Arizona, por ejemplo. En el mismo sentido, se tendría que pensar en la construcción de megalópolis, en las exigencias de una mejor planeación urbana y de estudios de futuro, así como en sus consecuencias para el desarrollo de las poblaciones y áreas involucradas.

Propuso que la nueva ley contemple mecanismos para medir la felicidad de la gente, medir su calidad de vida, e impulsar la planeación estratégica. En esta perspectiva, concluyó, es necesario definir tres principios filosóficos que fundamenten la planeación: la calidad, la innovación y los estudios de futuro. El Dr. Ordaz Alvarez propuso agregar un cuarto elemento, la filosofía del buen gobierno, responsable y honesto.



El profesor Lauro Parada Ruiz destacó la idea de que la Ley debe ser revalorada, pues más que un instrumento operativo del gobierno debe asumirse como una filosofía de actuación, como compromiso con los ciudadanos y con el desarrollo de la entidad. Reconoció las dificultades que se han presentado para ponerla en práctica en los últimos años, olvidándose la manera efectiva en que se instrumentó y operó durante su etapa de inicio. 

Agregó que esta tarea requiere que la Ley, además de reformarse, se dé a conocer en todos los órdenes de gobierno, en los diversos sectores productivos y entre la población en general. Destacó que la participación social se vuelve relevante para que esto ocurra, ya que, desde el diagnóstico de las condiciones de desarrollo, pasando por la instrumentación, implementación de programas, proyectos y presupuestos, así como su evaluación y control, la interacción del gobierno con los gobernados permite dar certeza a los compromisos y acciones del plan. Al final, se sumó a la necesidad de reglamentar la Ley, poniendo particular atención al manejo eficiente y honesto de los programas y presupuestos gubernamentales.

El Foro cerró con el resumen y conclusiones del Dr. Rafael Castillo Esquer, Coordinador del Centro de Asesoría Financiera y Emprendimiento Social (CAFES) del Departamento de Economía. Se hizo el compromiso de seguir colaborando desde los espacios educativos en este proceso de consulta para que el ejercicio legislativo permita la concreción de las reformas necesarias que requiere esta Ley.

sábado, 28 de octubre de 2017

8° Congreso Internacional en Gobierno, Gestión y Profesionalización en el ámbito local. “Promoviendo un desarrollo integral y descentralizado desde lo local”


Hermosillo, Sonora a 28 de octubre de 2017.

Del 19 al 20 de octubre de 2017 se celebró, en el Centro de Convenciones “Almoloya de Juárez”, de Almoloya de Juárez, Estado de México, el 8° Congreso Internacional en Gobierno, Gestión y Profesionalización en el ámbito local. “Promoviendo un desarrollo integral y descentralizado desde lo local”, simultáneamente con el 3er Congreso Mundial en Política, Gobierno y Estudios de Futuro “Debatiendo los asuntos gubernamentales con visión prospectiva”.

Esta octava edición del congreso abrió, una vez más, un espacio propicio para el análisis y discusión sobre los asuntos públicos fundamentales que inciden en el ámbito regional y local, en sus gobiernos, en la población y en un desarrollo integral.

Fueron 18 las instituciones convocantes de estos congresos, entre las que destacan las instituciones que fueron sedes de sus primeras ediciones: la Academia Internacional de Ciencias Político-Administrativas y Estudios de Futuro, A. C., la Universidad Autónoma del Estado de México Campus Amecameca, Texcoco y Zumpango; la Facultad de Administración de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el Departamento de Sociología y Administración Pública de la Universidad de Sonora, la Escuela de Gobierno Profesor Paulo Neves de Carvalho de la Fundación João Pinheiro, Belo Horizonte, Brasil, y la Universidad Autónoma de Tlaxcala.
 
Dr. Roberto Moreno Espinosa. Presidente de la IAPAS
 
Además, se sumaron los esfuerzos de la Universidad Anáhuac, la Universidad Federal de Viçosa, la Universidad Federal de Lavras, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana, el Departamento de Administración Pública de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, la Universidad de Colorado, Colorado Springs, el Instituto de Administración Pública del Estado de México (IAPEM, el Instituto de Administración Pública del Estado de Quintana Roo, la Universidad del Desarrollo Empresarial y Pedagógico, el Grupo de Investigación en Gobierno, Administración y Políticas Públicas (GIGAPP), y Novagob Red Social de la Administración Pública.

La temática analizada en el Congreso Internacional se distribuyó en ejes de trabajo: Federalismo y gobiernos locales, Desarrollo regional y metropolitano, Gobernanza y participación social, Innovación en el sector público para el gobierno abierto, Profesionalización del servicio público, Gobierno y Estado de derecho, y Políticas públicas y educación superior. Como respuesta a la convocatoria del Congreso se tuvo el registro de 40 ponencias.
 
Dr. Ricardo Uvalle Berrones
 

Momento significativo de esta edición del Congreso fue el otorgamiento del Doctorado Honoris Causa por parte de la Academia Internacional de Ciencias Político-Administrativas y Estudios de Futuro, A. C. (IAPAS), al Dr. Ricardo Uvalle Berrones y al Dr. Donald E. Klingner. Los méritos que han hecho merecedores a esta alta distinción a estos intelectuales de la Administración Pública son vastos y relevantes.

La trayectoria del Dr. Uvalle Berrones, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, alcanza ya cuatro décadas formando profesionales y graduantes de la Administración Pública; es uno de los intelectuales mexicanos más sólidos en su disciplina; es autor de 15 libros, coordinador de otros 9 y con numerosos productos académicos presentados como ponencias, capítulos de libros y conferencias en todo el país y el extranjero.

Dr. Donald Klingner

Por su parte, el Dr. Donald Klingner es un distinguido profesor del Programa de Maestría en Administración Pública en la Escuela de Asuntos Públicos de la Universidad de Colorado Colorado Springs. Fue Presidente de la Sociedad Americana para la Administración Pública (ASPA). También es miembro de la Academia Nacional de Administración Pública estadounidense (NAPA). Además, es autor y co-autor de diversas obras sobre Administración Pública divulgadas internacionalmente.
 
La Universidad de Sonora, por conducto de la Academia y el Grupo Disciplinario de Administración Pública, quienes constituyen el Capítulo Sonora de la Academia Internacional IAPAS, promovió la participación de estudiantes del quinto y séptimo semestres del Programa de la Licenciatura de Administración Pública y de docentes del mismo programa.
 
Esta partipación se concentró en tres de los Ejes Temáticos del Congreso: Gobernanza y participación social, Innovación en el sector público para el gobierno abierto, y Profesionalización del servicio público.
 
 

Intervinieron como ponentes los estudiantes Clarissa Alejandra Beltrán Saavedra, Marco Antonio García Herrera, Ana María Quijada Wong y José Enrique Romandía Matuz. Los profesores ponentes fueron: Arturo Ordaz Alvarez, Gustavo de Jesús Bravo Castillo, Ernesto Blanco Gastélum y Lauro Parada Ruiz.

El involucramiento de estudiantes en esta relevante actividad académica tuvo como propósito apoyar en la formación integral de estudiantes de la carrera, con actividades extracurriculares de investigación y divulgación del conocimiento. Así, se apoyó a los estudiantes con la redacción de sus ponencias, así como en la preparación de su presentación pública.

Por otra parte, en el caso de los académicos, la finalidad institucional fue apoyar a la divulgación de los productos de los estudios e investigaciones realizados por los profesores del programa de Administración Pública de nuestra Universidad, y establecer vínculos e intercambios con otras instituciones de educación superior.